La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar en los últimos días, alimentando especulaciones sobre un posible escenario de intervención militar. Washington endureció su postura en materia migratoria y de seguridad, mientras Caracas respondió con gestos diplomáticos ambiguos que reflejan la presión interna y externa que enfrenta el Gobierno local.

Una de las novedades más llamativas fue la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela, pese a que el presidente, Donald Trump, había advertido hace pocos días que podría cerrar el espacio aéreo venezolano para proteger los intereses estadounidenses. Según “The Washington Post”, la Casa Blanca retomó estas operaciones como parte de un plan más amplio de control fronterizo, aun en un clima bilateral cargado de fricciones.

A este movimiento se sumaron declaraciones recientes del secretario de Defensa, Pete Hegseth. El funcionario aseguró que los ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico frente a las costas venezolanas no solo continuarán, sino que recién están comenzando. La afirmación elevó el tono de la confrontación y reavivó temores sobre un posible despliegue militar más profundo en el Caribe.

Desde Caracas, la respuesta no fue uniforme. Si bien el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro criticó la narrativa de Estados Unidos, por otro lado autorizó un nuevo vuelo de repatriación de ciudadanos desde territorio estadounidense, un gesto que sorprendió a analistas internacionales. La decisión, según Reuters, parece mostrar la necesidad venezolana de mantener ciertos canales operativos con Washington, incluso en medio de una pulseada política y militar cada vez más evidente.

En paralelo, se confirmó el despliegue de tres buques estadounidenses, con alrededor de 4.000 soldados, en el Caribe, cerca de territorio venezolano. El Pentágono sostiene que se trata de una operación destinada a combatir el narcotráfico, pero la escala del movimiento militar generó inquietud en gobiernos sudamericanos y en organismos regionales, que observan con preocupación cualquier desplazamiento que pudiera alterar el equilibrio geopolítico en la zona.

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En este contexto, la posibilidad de una intervención militar -aunque todavía lejana- revive viejos fantasmas en América latina. Estados Unidos tiene un largo historial de acciones similares; en especial, durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Y cada una de ellas estuvo justificada por motivaciones declaradas que, con el tiempo, fueron reevaluadas por la comunidad internacional.

Un pasado que vuelve

El caso más citado en la región es la invasión de Panamá en diciembre de 1989, durante el gobierno de George H. W. Bush. La Casa Blanca anunció entonces que su objetivo era capturar al general Manuel Antonio Noriega -acusado de narcotráfico y de poner en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses- y restaurar la democracia en el país. La operación, denominada “Causa Justa”, fue rápida, pero dejó cientos de víctimas civiles y profundas tensiones diplomáticas. Noriega fue detenido y trasladado a Estados Unidos, y un nuevo gobierno panameño afín a Washington asumió el poder. El historiador panameño Héctor Tejeda lo resume de este modo: “Panamá recuperó la democracia, pero al costo de una intervención que aún divide a la sociedad. Estados Unidos siempre sostuvo que actuó por la libertad; los panameños recuerdan también los muertos”.

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En abril de 1965, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, Estados Unidos envió más de 20.000 marines a República Dominicana. De manera oficial se arguyó que se buscaba evitar que un gobierno comunista se instalara en el hemisferio occidental, en plena época de Guerra Fría. La intervención consiguió restaurar el orden, según los parámetros de Washington, pero también consolidó la percepción de que Estados Unidos actuaba unilateralmente en la región para proteger sus intereses estratégicos más que los valores democráticos que proclamaba. “La intervención confirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a militarizar cualquier conflicto interno si percibía riesgo ideológico. Esa sombra todavía pesa en la región”, sostuvo la investigadora dominicana Lucía Rivera, experta en relaciones hemisféricas.

En 1983, Ronald Reagan ordenó la invasión a Granada, tras un golpe de Estado interno. La administración aseguró que existía una amenaza para decenas de estudiantes estadounidenses que residían en la isla y que era necesario frenar la creciente influencia soviética y cubana. La operación fue breve y exitosa en sus propios términos, pero generó fuertes cuestionamientos del Reino Unido, de la Commonwealth y de la Organización de las Naciones Unidas, que calificaron la acción como una violación del derecho internacional.

La invasión a Irak constituye uno de los casos más controvertidos de la política exterior reciente de Estados Unidos. En 2003, el gobierno de George W. Bush afirmó contar con pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. Con el tiempo, se comprobó que tales armas no existían. La guerra dejó cientos de miles de muertos, desestabilizó a toda la región y continúa siendo estudiada como ejemplo de decisiones basadas en premisas cuestionadas o directamente falsas.

En 2011, bajo la presidencia de Barack Obama -que dos años antes había obtenido el premio Nobel de la Paz- Estados Unidos participó en la intervención de la OTAN en Libia, presentada como una operación humanitaria destinada a evitar masacres ordenadas por el régimen de Muamar Gadafi. Si bien la acción militar depuso al líder libio, el país quedó sumido en un prolongado caos político y en disputas territoriales que hoy persisten.

Espejo para el presente

La historia reciente demuestra que cada intervención militar estadounidense estuvo marcada por objetivos declarados -democracia, seguridad, derechos humanos o combate al narcotráfico- y por consecuencias que, en muchos casos, trascendieron las intenciones iniciales.

Ante el clima actual entre Washington y Caracas, y frente a los movimientos militares de las últimas semanas, la región vuelve a observar con cautela. El pasado ofrece advertencias claras: las intervenciones nunca se desarrollan como se anuncian y sus efectos suelen extenderse mucho más allá del campo de batalla.

Elecciones en Honduras: Asfura, favorito de Trump, retoma la ventaja

El empresario derechista Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, retomó la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, aunque sigue en empate técnico con el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, de 67 años y del Partido Nacional, había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Nasralla, del también derechista Partido Liberal. Contabilizado el 84,52% de los votos, Asfura estaba ayer al frente con 40,05% frente a 39,74% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).